Desde la época colonial, la historia del Perú es sinónimo de minería. Sin embargo, a partir de la década de los 90, asistimos a una nueva fase del modelo del desarrollo extractivo primario-exportador en el Perú, impulsado por empresas mineras transnacionales. Como correlato, los conflictos socio-ambientales (contaminación del agua, violación de los derechos ambientales, persecución a militantes) no han cesado de incrementarse.Los firmantes, estudiantes, profesores y ciudadanos canadienses, en general y de origen latinoamericano, preocupados por las problemáticas ambientales y sus consecuencias políticas en el Perú y en América Latina, nos dirigimos a las comunidades de Cajamarca y a todos los ciudadanos peruanos en lucha por la defensa del agua en esa ciudad.
Tras la elección de Ollanta Humala, pensamos que prevalecería el derecho de las comunidades por sobre el derecho de las empresas mineras transnacionales. Tal como lo anuncio en su campaña electoral, el compromiso del gobierno era garantizar el “agua para los peruanos” y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga por el gobierno, el cual pretende “mejorar” y “ampliar”, genera dudas y es ampliamente resistido por la población: desde su concepción, los reales impactos en los diversos ecosistemas, y en razón del accionar de la empresa minera Yanacocha-Newmont Mining Corporation durante casi dos décadas en la región. El gobierno de Humala, lejos de respetar su palabra electoral, profundizará el modelo de saqueo económico y de violación de derechos socio-ambientales en las comunidades, haciendo así caso omiso de los diversos pasivos que ha dejado esta industria en el Perú.
A pesar de un cambio de forma en el discurso del gobierno que se refleja en su supuesto compromiso con un desarrollo sostenible y con una minería responsable, este tipo de desarrollo y de explotación no son suficientes para remediar los impactos ecológicos del proyecto Conga. La posibilidad que cuatro lagunas desaparezcan y sean reemplazadas por reservorios no augura mejoras en la batalla contra el calentamiento global y la preservación del agua. No es ocioso señalar que dicho proyecto encierra la destrucción cierta de los diversos ecosistemas y sus respectivos microclimas. Estas son problemáticas que no se pueden eludir en el contexto mundial, ya que vivimos una crisis ecológica en donde la escasez del agua nos afecta cada vez más. Por ende, toda resistencia local en defensa del agua y del medio ambiente es de capital importancia para las poblaciones rurales o urbanas implicadas.
Por esas razones, el conflicto sobre el proyecto minero Conga nos preocupa. Porque contrariamente al sentido común y a la propaganda del Gobierno canadiense en cuanto a las buenas prácticas en lo que concierne la industria minera, la situación en el Perú no difiere mucho de lo que sucede en países desarrollados como el Canadá. Este país es descrito, en efecto, como un país líder en lo que se refiere a minería responsable y sustentable… No todo lo que brilla es oro. Según los investigadores William Sacher y Alberto Acosta, el saldo socio-ambiental de esa industria es efectivamente catastrófico. En Canadá, “existen alrededor de 10.000 minas abandonadas, heredadas de 150 años de laisser-faire en el ámbito minero. Estas minas representan una amenaza permanente de contaminación de las redes hidrográficas con metales pesados y por drenaje ácido de mina. […] Adicionalmente, las minas activas en Canadá producen más de 650 millones de toneladas anuales de desechos, es decir sesenta veces más que la basura recogida en todas las ciudades canadienses juntas.” Además, en Canadá, los beneficios económicos, en cuanto a empleos y aportes al PBI, han disminuido de 30% y de 37% respectivamente desde 1995.
Cabe igualmente mencionar que pueblos indígenas, sus culturas y sus modos de vida se ven afectados por las prácticas mineras. En un comunicado de prensa publicado el 28 de noviembre de este año, el consejo tradicional del pueblo Mohawk de Kahnawake presenta su oposición ante los proyectos mineros que se planifican en el norte de la provincia de Quebec. A pesar que estos proyectos incluyen un plan de desarrollo sostenible y utilizan energías limpias como la hidroelectricidad, la destrucción ambiental en esta zona causará el derretimiento de los glaciares del ártico, la erosión del suelo, la extinción de manera importante de la fauna, entre otros. Además, la comunidad Mohawk recalca que dichos proyectos causan prejuicio a la identidad de los pueblos nórdicos, obligándolos sistemáticamente a ser parte de instancias como el consejo de bandas, creados a través del la Ley de los Indios, impuesta por el gobierno federal canadiense. La oposición a la minería es compartida por los pueblos Innus y Cris de la costa norte de la provincia de Quebec, principalmente en la región de Pessamit, donde tratan de proteger uno de los ríos más importantes de esta región, La Romaine.
De igual manera, poblaciones rurales y urbanas donde se desarrollan dichos proyectos han visto conmocionados sus modos de vida. En varias regiones del mundo en que se llevan a cabo proyectos mineros canadienses, los derechos humanos como territoriales de las poblaciones que se oponen a las industrias extractivas han sido avasallados por estas empresas y por los gobiernos cómplices que promueven este tipo de desarrollo. Estos estragos producto de la gran minería tienen como denominador común la ausencia de diálogo y debate franco y sincero sobre las consecuencias y la pertinencia de la explotación de las industrias extractivas.
En fin, como lo hemos demostrado, las consecuencias socio-ambientales de la explotación indiscriminada de las industrias extractivas son nefastas en el Norte como en el Sur. Por todas esas razones, y en un contexto de crisis ecológica y de crisis civilizacional, es imperativo salvaguardar el agua, los ecosistemas, y las poblaciones albergadas en su seno, para así contrarrestar las consecuencias de todos estos peligros que acechan la vida sobre la tierra.
Por ello, exigimos a las autoridades peruanas el cese inmediato del estado de emergencia que se aplica en la región desde el 5 de diciembre; respetar a las comunidades, creando un clima propicio y equitativo al diálogo sobre este proyecto en particular; la implementación inmediata del derecho de consulta tal como lo estipula el Convenio 169 de la OIT; además de crear un contexto justo de diálogo democrático sobre el futuro del Perú, es decir sobre las bases económicas y sociales sobre las cuales se quiere construir al país en democracia.
Montreal, 9 de diciembre 2012
Coalición Quebequense sobre los Impactos Socio Ambientales de las Transnacionales en América Latina [Coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine]
L’Entraide missionnaire
Alejandra Zaga Méndez, estudiante en agro-ecología
Ana Rita Portocarrero, sociología, Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Ángel Zarate Mejía
César Cáceres Rojas, Artista Audio-Visual Action Créative
Daniel Schein, sociología, UQÀM
Eduardo Malpica Ramos, sociología, UQÀM
Gerardo Aiquel
Guillaume Hébert, Politólogo
José Antonio Giménez Micó, Associate Professor, Concordia University
Laura Handal Lopez, maestría en ciencias ambientales
Marcela Cossíos, Guionista
Marie-Josée Béliveau, geógrafa y antropóloga
Nicolas Kosoy, Ph.D. Economía ecológica.
Pavel Osores Tello, Médico, NeuroRx Research
Sergio Benavente
*Montreal, 9 de diciembre del 2011.
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